El Banco de España pide que se informe de la pensión que se cobrará

CÁLCULO DE JUBILACIÓN: Aboga por esta medida para dar más transparencia ante la mayor incertidumbre que se puede generar por las reformas del sistema público de pensiones puestas en marcha.

El Banco de España pide que se informe a los trabajadores de la pensión que cobrarán al jubilarse. Las últimas reformas de las pensiones públicas han configurado un “nuevo sistema que puede aumentar la incertidumbre sobre las prestaciones” que cobrarán los futuros jubilados, afirma el Banco de España en su informe anual de 2015. Por eso, la aplicación de estas nuevas reglas del juego” debe realizarse con la mayor transparencia posible (...) con el objeto de dotar a la población de la información necesaria sobre su pensión futura y permitir a los individuos tomar decisiones óptimas de ahorro durante su vida laboral para afrontar el período de jubilación.

El Banco de España hace suya así la reivindicación del sector de ahorro previsión para que desde la Seguridad Social se remita una carta personalizada a los cotizantes con una previsión de lo que podrá ser su futura prestación pública de jubilación.

El Gobierno de Mariano Rajoy recogió las reivindicaciones del sector para realizar este envío, pero cuando todo estaba a punto decidió cancelar la iniciativa a finales de 2014, sin dar explicaciones.

Inverco (Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones) y Unespa (Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras) no tiran la toalla y mantienen su petición, que trasladarán al próximo Gobierno que, como pronto, se constituirá en otoño.

Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa, está convencida de que esta información en manos de los cotizantes “sería un elemento dinamizador del ahorro, que cobraría tanta importancia como la tiene la fiscalidad de las aportaciones a las pensiones privadas”, uno de sus principales incentivos.

El Banco de España aboga también por “desarrollar los mecanismos de seguros y ahorro que ayuden a complementar en el futuro las pensiones del sistema público de reparto, como los que ya se han implantado en otros países”. Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco, comparte esta mirada a nuestro entorno donde “hay otros países que han afrontado reformas para incentivar este ahorro pese a las dificultades que entraña una iniciativa de este tipo”. Es el caso, por ejemplo, de Gran Bretaña o de Suecia.

En su opinión el abanico de posibilidades pasa por fórmulas mixtas, con aportaciones desde empresas, Estado y trabajadores y por sistemas semi obligatorios en los que se incluye a todos los trabajadores y se saca solo a los que lo demanden expresamente.

Pero la situación en España se presenta complicada, ya que ninguna de las partes afectadas, empresas, Estado y sindicatos están dispuestas a poner los mimbres necesarios y menos en una época de crisis como la actual.

Aldama y De Frutos coinciden en que pese a las dificultades la próxima legislatura tendrá de abordar necesariamente la reforma de las pensiones privadas en el marco de la actualización del Pacto de Toledo. “No hay que olvidar que en 2018 el Ejecutivo debe determinar el factor de sostenibilidad que se aplicará en las prestaciones que se cobrarán a partir de 2019, lo que supondrá un nuevo recorte en estos pagos.

España es uno de los países que más recortará sus jubilaciones que pasarán del 81,9% en 2013 al 49,7% en 2060, según los datos de la Comisión Europea.